Por CARLOS DESPRADEL
Existe consenso entre los más destacados economistas nacionales de que nuestro país requiere una reforma fiscal para estabilizar las fianzas del Estado, pues de lo contrario la deuda pública alcanzará niveles insostenibles.
Esta opinión es incluso compartida por técnicos de los tres organismos internacionales que han analizado con detenimiento la economía dominicana, es decir: el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Parece que también hay consenso de que la misma deberá aumentar los ingresos fiscales entre un 2 y un 3 % del PIB. Si tomamos como base que el PIB corriente del 2024 se estima será de aproximadamente RD$74,475 millones, esto nos indica que la reforma deberá aumentar los ingresos tributarios del Estado entre unos RD$150,000 y RD$220,00 millones de pesos anuales.
En cuanto a cómo lograr este aumento anual, esto es más difícil de consensuar, pues ahí entran en juego intereses económicos, aspectos sociales, ideológicos y otros. Nuestro principal problema en este sentido es que de acuerdo a la nueva metodología para medir el bienestar poblacional, en el 2023 un 23% de la población se consideraba en pobreza monetaria, es decir, no tenía recursos suficientes para adquirir una canasta básica de bienes y servicios; y por lo tanto, no puede ser gravada con nuevos impuestos ni directos ni indirectos, lo que nos indica que la es a la clase media y a la alta a quienes les corresponderá cargar con el peso de la reforma.
En gran parte este alto nivel de pobreza se debe a que ese segmento de la población no encuentra fuentes normales de empleos con salarios justos, pues las principales fuentes de trabajo que en todas las naciones del mundo están cubiertas por este segmento, en nuestro país están servida por la inmigración haitiana, especialmente en la agricultura y la construcción.
Esto nos indica que lejos de mejorar, la situación podría empeorar en la medida en que esos inmigrantes vayan incursionando en nuevas actividades. De ahí que le ha correspondido al Estado ir en auxilio de nuestra población más pobre, para lo cual cada día necesita de mayores recursos fiscales para cubrir programas sociales compensatorios.
