Santo Domingo.-El año 2023 comienza como una antesala de elecciones en la que pesará el intenso aprovechamiento para fines electorales que aplica el presidente Abinader a su gestión tomando ventajas mientras las dos fuerzas en que se bifurcó el Partido de la Liberación Dominicana al quedar desprendido del leonelismo marcharán por el pleito casado de sus recíprocas descalificaciones. Los minoritarios devenidos en el tiempo a roles de «bisagras», continuarán prestos a arrimarse con aspiraciones de alianza al coloso que aparezca mejor situado en las probabilidades de triunfar en las urnas con un versátil sentido de la oportunidad.
Institucionalmente, la Junta Central Electoral entra hoy a un lapso que le preocupa porque el manejo de sus prioridades para la preparación de las justas del 2024 no incluye disponer de suficiente apoyo presupuestal para llenar objetivos al tiempo de ver la idoneidad de la consulta ensombrecida porque el Senado le falló al aprobar en primera lectura reformas a la ley que la rige dejándola abierta todavía a los financiamientos espurios de candidaturas que seguiría dando poder al dinero y a quienes lo tengan para decidir resultados.
Con diez mil millones de pesos menos en las alforjas de la Junta, en contra de sus apropiados criterios de planificación para conducir el país hacia la captación de la voluntad popular sin riesgos, no faltan quienes consideran que la extraña negación de fondos replica un comportamiento del pasado adverso a la autonomía y funcionalidad del órgano que rige los procesos, lo que mueve a dudar sobre las reales intenciones de cambio que se pregonan. Además está despojada por sentencia del tribunal Constitucional de apoyarse en la automatización del voto que facilitaría su desempeño.
De quedar mermada en su autoridad por absurdos y suspicaces propósitos legislativos con la ley de organización electoral, la JCE no podría enfrentar con éxito el uso generalizado de los recursos del clientelismo político como mecanismo de movilización del voto capaz de «alterar la voluntad libérrima de los electorales para favorecer a quienes tengan más control de finanzas y acceso a los medios de comunicación» una debilidad sobre la que ya se había teorizado con preocupación en foros políticos auspiciados por la fundación Fredrich Ebert.
