El crecimiento del tamaño del gobierno en la República Dominicana es un tema crítico al considerar cualquier reforma fiscal. Un gobierno sobredimensionado que incrementa el gasto corriente sin mejorar su funcionamiento puede convertirse en una carga para la economía. Esto afecta negativamente la sostenibilidad fiscal y reduce los recursos disponibles para inversión en áreas clave como infraestructura, educación y salud, lo cual es fundamental para el desarrollo del país.
En 2019, el aparato gubernamental ya era considerablemente grande. Según indicadores clave, el gasto público del gobierno central representaba aproximadamente un 18-19% del PIB. Este gasto incluía tanto el gasto corriente, como salarios y operación de la administración pública, así como el gasto de capital, que abarca inversiones en infraestructura y programas de desarrollo.
Según datos del Ministerio de Administración Pública, la nómina del sector público en 2019 era de aproximadamente 600,000 empleados. Esto significaba que una gran parte del gasto público se destinaba a salarios y prestaciones del sector público. Para 2024, se reporta un aumento significativo tanto en el gasto público como en la cantidad de empleados del Estado.
El gasto del gobierno central ha crecido hasta alcanzar aproximadamente el 21-22% del PIB. Este aumento ha sido impulsado por el crecimiento del gasto corriente. La nómina del sector público ha aumentado a más de 700,000 empleados, lo que implica un incremento considerable del personal en la administración pública. Este aumento ha llevado a un incremento significativo en el «gasto corriente», que incluye salarios y costos operativos.
Un gobierno debe ser lo suficientemente grande para proveer servicios esenciales y garantizar el bienestar de su población. Sin embargo, un crecimiento desmedido sin mejora en la calidad de los servicios públicos ha generado serias problemáticas. Esto crea presión sobre el presupuesto nacional. Un gobierno grande requiere más recursos para funcionar, lo que implica una mayor asignación de fondos para el gasto corriente en lugar de la inversión pública.
