Uno de los temas más controvertidos y generadores de desencuentros fundamentales en cualquier sociedad tiene que ver con el abordaje de reformas a la legislación sobre el ejercicio de la libertad de prensa, de información, de expresión y difusión del pensamiento en todas sus vertientes.
En los países donde se ha avanzado en la estructuración de mecanismos regulatorios ha sido posible por la vía del consenso en las sociedades democráticas, o mediante la imposición en las dictaduras.
En el primer caso se ha logrado una ampliación de esos derechos individuales y colectivos, pero en el entendido de que estos tienen que ser sometidos a cierto orden.
Las dictaduras, por su parte, han impuesto reformas encaminadas a un mayor control de los medios, la información y la opinión, vistos siempre como adversarios o enemigos del estatus quo.
Lo referido anteriormente viene a propósito de la aproximación de un amplio debate, luego de que el Ejecutivo sometiera al Legislativo un proyecto que pretende generar un marco regulatorio de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, tomando en cuenta que la ley que rige esta cuestión—la 6132—data de los años 60 del siglo pasado, absolutamente obsoleta y carente de funcionalidad efectiva en las actuales circunstancias.
Hay que resaltar que cuando esa disposición se adoptó, en el mundo solo operaban los medios impresos—periódicos y revistas, fundamentalmente—y los limitados electrónicos representados en la radio y la televisión, esta última para entonces todavía en pañales.
