Dentro de una semana, el Poder Ejecutivo apoderará al Legislativo del proyecto de modificación a la Constitución de la República, a fin de adecuar determinadas normas a las necesidades de la sociedad dominicana. Por ejemplo, la independencia del Ministerio Público con respecto al jefe del Estado es una prioridad.
La Presidencia de la República ha venido escuchando a distintos sectores sociales en interés de consensuar el contenido de las reformas a ser aplicadas en la Ley Sustantiva. El pasado martes, el consultor jurídico, Antoliano Peralta Romero, se reunió con cincuenta abogados que ejercen en diferentes ramas de esa profesión. Y eso está bien.
Ahora, también estará bien, o quizá mejor, escuchar a una comisión de expertos en el uso del idioma español para evitar enredos verbales y alargamientos de frases en el texto constitucional. La Constitución vigente adolece de múltiples defectos idiomáticos y resulta oportuno enmendarlos, a la vez que se reforma la parte dispositiva.
El lenguaje jurídico, como el de toda ciencia, requiere sobriedad y llaneza, nada bien le queda la rimbombancia. Tampoco le son propios ciertos modismos que vienen impuestos por grupos irreverentes que han hecho de la llamada equidad de géneros una agenda mundial a la cual se han adherido dirigentes políticos y otros hacedores de opinión.
