POR JULIO MARTINEZ
La práctica común de pasear imputados por los pasillos públicos de los tribunales dominicanos no solo viola la ley, sino que perpetúa un espectáculo medieval que contradice los principios básicos de justicia moderna. Es una vergüenza que en pleno siglo XXI sigamos exponiendo a los imputados como si estuviéramos en la época de la inquisición
El Código Procesal Penal dominicano es claro: el artículo 176 prohíbe expresamente la exposición pública de imputados. La Constitución, en su artículo 69, garantiza la tutela judicial efectiva. Sin embargo, la realidad en los pasillos de los tribunales cuenta una historia diferente.
La administración de justicia en la República Dominicana enfrenta un desafío fundamental que trasciende la mera aplicación de la ley: la preservación de la dignidad humana en el proceso penal. La exposición pública de personas imputadas en los tribunales dominicanos representa una violación sistemática de derechos fundamentales consagrados tanto en la Constitución como en el Código Procesal Penal (CPP).
Esta práctica, que persiste debido a limitaciones infraestructurales y procedimentales, merece un análisis crítico desde la perspectiva jurídica y de derechos humanos.
