Es probable que mis colegas abogados con solo el titular comprendan el contenido de este artículo, pero necesitamos aclararlos para el lector común. A pesar de que es temprano para discutir la responsabilidad, dado que aún el sufrimiento embarga a los parientes de los fallecidos, a los cuales les expresamos nuestra condolencia.
La responsabilidad social y política del suceso, impone su tratamiento dado la idiosincrasia dominicana del olvido. Jurídicamente, no parece acertada la decisión del presidente, al crear una Comisión de Investigación, sin fuerza coactiva, parece más una pérdida de tiempo y una dilatación de cualquier proceso judicial que se pudiera incoar.
Posiblemente las intenciones del presidente Abinader sean buenas, pero no son las correctas, debe dejar actuar a la justicia. En primer lugar, es a la Procuraduría General del Estado, en la figura de la procuradora Yeni Berenice Reinoso, quien tiene la capacidad y jurisdicción para iniciar el proceso, del cual se podrán desprender cuantas comisiones de investigación sean necesaria, en la búsqueda del origen del siniestro. A partir de ahí, surgirán obligaciones, sean penales, responsabilidad subsidiaria y política, o simplemente desdichas del destino.
Responsabilidades penales del propietario, sea por acción u omisión, puesto que después del incendio del local, en el año 2023, debió tomar los correctivos de lugar para asegurar no solo la funcionabilidad, sino la seguridad de la instalación. Lo hizo, no lo sabemos, para eso está la justicia, a ella corresponde dar cuenta.
El Estado de Derecho, debe funcionar a través de la Procuraduría o del Tribunal donde se interpongan demandas. Y como mínimo ya se deberían tomar medidas cautelares.
