Los Estados Unidos «redescubrieron» la República Dominicana entre 1869 y 1871, cuando se discutió en el Congreso norteamericano un tratado de anexión de Santo Domingo a la Unión, convenido y promovido por los presidentes Ulysses Grant y Buenaventura Báez.
La oposición que en el Senado libró el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Charles Sumner, fue clave para abortar el proyecto en 1871. Una mayoría de legisladores abolicionistas -que lidiaba con el problema de establecer garantías constitucionales y legales para cuatro millones de antiguos esclavos- no era un terreno favorable para asimilar una nueva posesión de ultramar formada predominantemente por negros y mulatos.
Los nacionalistas dominicanos realizaron una intensa labor de cabildeo mediante el envío de comunicaciones a congresistas, a funcionarios del ejecutivo y a la prensa de los EEUU. Báez fue combatido con las armas por los generales Cabral y Luperón, con la simpatía de las autoridades haitianas que habían derrocado al Presidente Salnave, aliado de Báez. En el país, el gobierno recibió la decisión senatorial como una clara derrota. En Haití, las autoridades reconocieron al senador Sumner como un héroe.
La razón era obvia, el proyecto en cuestión tenía un trasfondo virtualmente unificador. En 1868, el Presidente Andrew Johnson, en su mensaje anual al Congreso, había señalado que el «tiempo ha madurado para que un proyecto de anexión de las dos repúblicas de la isla de Santo Domingo pudiera no sólo recibir el respaldo de sus respectivos pueblos, sino también dejar conformes a las demás naciones».
Militares de Estados Unidos en Santiago de los Caballeros en 1916
Vocación hegemónica. Desde finales del siglo XIX, los Estados Unidos se perfilaron como una potencia emergente con clara vocación de hegemonía en el hemisferio, disputándole el espacio a las potencias europeas. Su área de influencia prioritaria apuntó hacia el Caribe y Centroamérica.
A vuelta de siglo XX, esta tendencia cobró forma a través del interés norteamericano por el control del estratégico proyecto del Canal de Panamá, una razón eficiente en la separación -intentada en múltiples ocasiones a lo largo del siglo XIX- de este departamento de Colombia como nación independiente en 1903.
A lo cual se añadiría el protectorado ejercido sobre Cuba por virtud de la debatida Enmienda Platt de 1901 y la incorporación de Puerto Rico como territorio dependiente bajo la égida de un gobierno militar desde 1898, como saldo de la guerra hispano-norteamericana ganada por Estados Unidos. Estas islas fueron escenario de fuertes inversiones de capital estadounidense en la industria azucarera, en ferrocarriles, comunicaciones, electricidad, y en la banca.
Un factor clave fue la deuda externa de los países centroamericanos y del Caribe, controlada por tenedores europeos, que los hacía vulnerables a frecuentes presiones diplomáticas y militares, con despliegues de naves de guerra de las potencias del viejo continente en sus costas.
Los casos dominicano y venezolano motivaron al Presidente Theodore Roosevelt a formular su famoso corolario a la doctrina Monroe. La fórmula básica consistió en la consolidación de la deuda a través de bancos norteamericanos y en el control de las aduanas como fuente de garantía del repago. Junto a la preservación de la estabilidad política.
La debilidad institucional manifiesta en las frecuentes guerras civiles y el incumplimiento en el pago de la deuda, fueron alegatos utilizados para ejecutar la llamada diplomacia de las cañoneras. Así, una suerte de imperialismo benevolente fue ejercido en la región, a cargo del Navy y la Infantería de Marina de los Estados Unidos.
La Primera Guerra Mundial impulsó a los Estados Unidos a consolidar su hegemonía militar y política en el Caribe. Al presidente Woodrow Wilson, el prestigioso scholar pacifista precursor de la Sociedad de las Naciones, anticipo de la ONU, le correspondió lidiar con estas realidades geopolíticas.
