Antes de la Reforma Constitucional de 1994, exigida por el Dr. José Francisco Peña Gómez para ponerle fin a la grave crisis electoral provocada por un fraude que le impidió alcanzar la presidencia de la República, los jueces eran designados por el Senado.
La Constitución del Dr. Joaquín Balaguer de 1966 puso la justicia en manos de la Cámara de Senadores, al extremo de que cada senador designaba a la totalidad de jueces del departamento o distrito judicial correspondiente a su demarcación.
Debido a su control absoluto de la justicia, los senadores eran los más poderosos caudillos provinciales, tomando en cuenta que decidían la libertad o la prisión de los ciudadanos, lo mismo que los litigios civiles, comerciales e inmobiliarios, entre otros.
Debido al interés de controlar la justicia, el intento de los seguidores del régimen balaguerista de desconocer la voluntad popular finalizó con el despojo, en perjuicio del Partido Revolucionario Dominicano, de las senadurías de las provincias María Trinidad Sánchez, La Altagracia, El Seibo y Bahoruco, lo que le garantizó al Partido Reformista la mayoría en el Senado y, por vía de consecuencia, el control de la justicia y la impunidad.
