Para poner en marcha una reforma fiscal lo primero que el gobierno de turno debe hacer es desterrar la inapropiada evasión de impuestos y su empoderamiento que se alberga en los fueros del sector empresarial, aupados por la alta dirigencia de los partidos políticos, funcionarios influyentes del gobierno y el Congreso Nacional.
El hecho de buscar reducir la evasión fiscal, como atestiguan el presidente y sus asesores de la economía, aumentar la transparencia y la eficiencia en la recaudación de impuestos, son medidas salomónicas que si se cumplen podrían contribuir a estabilizar la economía del país, ahora bien, ¿qué garantiza que sectores oportunistas del empresariado y la política vayan a cumplir con el pago de los impuestos de acuerdo con las recaudaciones y las ventas en sus empresas? Según el dicho popular “el perro huevero nunca deja de comer huevo aunque se queme la boca”, más aún si cuenta con el apoyo del propio gobierno.
Los puntos nodales de toda reforma fiscal deben hacerse pensando primero en la mayoría de las personas que habitan el país, sobre todo, la clase de bajos ingresos, no así ejecutando medidas diseñadas para modernizar y fortalecer el sistema tributario a costa del aumento onerosos de impuestos que gravitan subjetivamente contra la clase desposeída, como suele acontecer siempre cuando se imponen cambios en la economía.
Sabemos con sobradas razones que los objetivos del gobierno con la denominada reforma es generar recursos adicionales para financiar proyectos de infraestructura, servicios públicos y programas sociales que beneficien a la población, sin embargo, sería preciso preguntarse: ¿cuál es el costo de esta reforma, en cuanto a los beneficios para los poderosos y en esencia para los pobres?
El sepulcro de piedras que se levanta desde lo más profundo de la tierra tiene su enclave en la deficiencia de la educación y la salud, donde parte de ese mismo sector empresarial y los propietarios de universidades privadas se absorben como las máquinas tragamonedas el presupuesto destinado para la educación más baja de América Latina, además de la abismal deficiencia en los servicios de salud, infraestructura vial, transporte público, seguridad, protección social, fomento del crecimiento económico y la generación de empleos dignos.
La cúpula empresarial dominicana se mantiene enjaulada analizando cómo joder a los de abajo, buscando la forma de como evadir más impuestos, sin embargo, cuando se trata el tema de reforma fiscal saca sus garras en busca de “equidad y justicia tributaria”, a fin de que no se afecten sus intereses, porque a este sector no le importa la reducción de la pobreza, pero sí la desigualdad social.
