Santo Domingo.-La imposición de prisión preventiva como coerción a personas en conflictos con la ley ha acaparado especial atención pública en los últimos días, cuando actores del derecho penal, incluida la propia procuradora general, cabeza del ministerio público, han estado advirtiendo sobre el abuso que se hace de ese dictamen.
En efecto, la prisión preventiva es la medida más dictada por los tribunales de servicio de atención permanente dominicanos, contribuyendo a que la República Dominicana ocupe el quinto lugar entre los países de América con más presos preventivos.
Los datos preliminares que registra el Poder Judicial muestran que el año pasado se impusieron 20,937 medidas de coerción, de las que 8,015, igual al 38.2 %, fueron prisión preventiva. Las cifras dejan fuera los casos conocidos en las provincias San Cristóbal, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata y San Juan de la Maguana.
En 2020, las medidas impuestas por las oficinas judiciales de servicio de atención permanente a nivel nacional alcanzaron los 26,126 y, de esas, 9,884, equivalente al 37.8 %, correspondieron a la medida privativa de libertad.
En segundo lugar, la otra medida más impuesta fue la garantía económica, aplicada en 8,738 (igual al 33.4 %) de las coerciones dictadas en 2020; y en 6,628, (para el 31.6 %) de las de 2021.
Con una menor proporción, el tercer lugar entre las once medidas distintas que dictaron los tribunales, lo tiene la presentación periódica, con 3,749 casos en 2020 y con 2,554 en 2021.
Los delitos en los que más fue aplicada la prisión preventiva están relacionados a robo o su tentativa, violencia intrafamiliar y la violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, que entre las tres suman 5,389 casos que abarcan el 67.2 % de los dictámenes de 2021.
