POR JULIO MARTINEZ
La tragedia del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set continúa generando repercusiones en la opinión pública, ahora con un nuevo giro que ha sorprendido a analistas y expertos en comunicación de crisis. Recientemente, el periodista Julio Martínez Pozo, quien no tiene relación alguna conmigo, sugirió que se debería solicitar la intervención del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos para investigar la posibilidad de que el colapso haya sido provocado intencionalmente por narcotraficantes mediante una explosión o dispositivo detonante.
«Entre las cosas que tenemos que descartar y que tiene que quedar fuera de toda duda en esta investigación es que no se presentara ningún otro elemento que haya producido la implosión», expresó Martínez Pozo en declaraciones públicas que han generado considerable controversia.
Esta declaración, que aparentemente buscaba desviar la atención de posibles negligencias estructurales, ha generado un efecto contrario al esperado. Al introducir la teoría de una posible vinculación con el narcotráfico, surgen interrogantes inevitables: ¿Por qué narcotraficantes tendrían como objetivo específico esta discoteca? ¿Qué conexión podría existir entre estos grupos delictivos y el establecimiento o sus propietarios?
Lo que resulta paradójico es que, al intentar exonerar de responsabilidad por negligencia estructural, esta línea de defensa abre una nueva dimensión de cuestionamientos sobre las actividades comerciales del empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca y de varios medios de comunicación, incluyendo aquel donde trabaja el propio Martínez Pozo.
