SANTO DOMINGO.-La ciudadanía tiene que tomar conciencia sobre la necesidad de cuidar los recursos naturales, afirmó ayer el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Haton, tras reconocer que esa institución estatal no tiene todas las herramientas para detener los delitos ambientales.
“Para poder controlar los delitos necesitaríamos cinco millones de policías y militares, para andar detrás de cada ciudadano, lo cual no es posible; tenemos once millones de habitantes y más 48 mil kilómetros cuadrados, entonces tenemos que cambiar la visión”, comentó el funconario que vigila los recursos naturales.
El funcionario se mostró de acuerdo en usar en la coerción y en el endurecimiento de la legislación, como han hecho otros países, para contrarrestar los daños provocados a los ecosistemas.
René Mateo, Ana Patricia Ossers, José Alfredo Corripio, Miguel Ceara Hatton, José P. Monegro, Indhira de Jesús y José Elías G.
Hizo referencia de que el mundo dejó de fumar en diez años por las medidas que se tomaron y porque la gente empezó a tomar conciencia sobre el impacto de ese vicio.
Miguel Ceara Hatton habló en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio junto a Indhira de Jesús, viceministra de Gestión Ambiental; José Elías González, viceministro de Recursos Forestales; René Mateo, de Suelos y Agua, y los directores Ana Patricia Ossers, de Jurídica, y Panky Corcino, de Comunicaciones.
El ministro de Medio Ambiente también reconoció que no tuvo conocimiento del crimen ecológico cometido en la zona costera del municipio de Villa Vásquez, en la provincia Montecristi, donde se registró el desmonte de cientos de árboles en varias hectáreas del litoral de la playa Buen Hombre y los supuestos responsables no contaban con autorización para los planes a desarrollar.
Ahí actuaron en base al informe técnico recibido y el caso está en fase de investigación ante la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente para el sometimiento a la justicia de los responsables. En el lugar se inició una remoción de tierra sin autorización ambiental, en el que “aparentemente” se desarrollaría un proyecto turístico inmobiliario, según Ana Patricia Ossers.
