Santo Domingo.-La Coalición para la Defensa de Áreas Protegida pidió a la Procuraduría General de República abrir una investigación para determinar “posibles responsabilidades por acción u omisión” del Ministerio de Medio Ambiente, Jurisdicción Inmobiliaria y a la Dirección General de Alianza Público Privadas en la titulación de terrenos dentro del paisaje protegido de Cabo Rojo, Pedernales, específicamente en Bucanyé.
Los ambientalistas solicitaron a las autoridades investigar con carácter de urgencia la situación, debido a que, según establecen, estos inversionistas obtuvieron más de 15 títulos en el último año y que también están solicitado permisos para la construcción de un complejo hotelero en esa zona.
“Consideramos pertinente que el Ministerio Público y las autoridades competentes abran una investigación sobre las posibles responsabilidades (por acción y omisión) en las que podrían haber incurrido la Jurisdicción Inmobiliaria, la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y el Ministerio de Medio Ambiente, para que hoy tengamos como resultado que la titularidad de un área protegida (que está estar resguardada por la constitución y las leyes) haya sido transferida a particulares que obtuvieron más de 15 títulos en el último año y que estos estén haciendo ocupación de la misma y solicitando permisos para la construcción allí de un complejo hotelero”, indica la coalición.
En una carta dirigida a la Procuraduría General de la República y a la Dirección de Ética Gubernamental, el colectivo sostuvo que el órgano acusador debe investigar cuál fue el mecanismo utilizado para “vulnerar la normativa vigente para que la Jurisdicción Inmobiliaria emitiera certificados de títulos dentro del paisaje protegido de Cabo Rojo”.
La comisión que se presentó ante la Procuraduría estuvo encabezada por Yolanda León y Luis Carvajal, quienes entienden que estos hechos violan la ley Sectorial de Áreas Protegidas, específicamente en su artículo 9, donde se establece: “Los terrenos pertenecientes al Estado que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas son imprescriptibles e inalienables y sobre ellos no puede constituirse ningún derecho privado”.
