Contrario a la solicitud del jurista Nassef Perdomo de que se deje fuera de la proyectada ley de libertad de expresión y medios audiovisuales lo concerniente al manejo y regulación de los contenidos en las plataformas digitales, considero que a ese aspecto del referido proyecto hay que darle atención especial ante el desborde de quienes, moviéndose en la impunidad, convierten sus medios en fuentes de calumnias, insultos y campañas sucias muchas veces motivadas por el morbo, el chantaje y, en ocasiones, auspiciadas por sectores afectados por medidas del funcionario o persona blanco de los ataques.
En lo que se dilucida esa extraña solicitud que empantana el conocimiento y aprobación de una nueva y consensuada ley de libertad de prensa, los afectados por el libertinaje, injuria y difamación de algunos personajes que se han convertido en sicarios de la comunicación, han optado, con todo su derecho, a recurrir ante los tribunales de justicia en busca de ser resarcidos moralmente con la condena a quienes se han prestado a difamarlos.
Este es el caso de los prestantes y honorables comunicadores que recientemente depositaron una querella contra sus detractores, y ahora de la ministra de Interior y Policía, licenciada Faride Raful. Apoyamos las iniciativas que esperamos, sienten precedentes.
