En fecha 16 de marzo de 1998 fue emitido el decreto 118-98, que creó la Superintendencia de Electricidad como un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC). Con la entrada en vigencia de la Ley General de Electricidad 125-01, promulgada el 26 de julio de 2001, la Superintendencia de Electricidad pasó a convertirse en una institución descentralizada del Estado dominicano con personalidad jurídica de derecho público, con patrimonio propio y capacidad para adquirir bienes, ejercer derechos y contraer obligaciones, al amparo de las disposiciones del artículo 8 de la citada Ley.
Por consiguiente, la SIE constituye el ente regulador del subsector eléctrico dominicano, llamada a fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y la normativa técnica aplicable en dicho subsector, en lo concerniente al desarrollo de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, así como establecer las tarifas y peajes sujetos a regulación de precios, cuyo objetivo es garantizar la prestación del servicio público de electricidad conforme lo establecido el artículo 147 de la Constitución de la República y cumplir con estándares de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y costos de la energía en el país.
El tema del suministro eléctrico constituye el principal reto para el desarrollo y transformación que impactan en lo social y económico de nuestro país. El Estado, responsable de la generación, distribución y comercialización de la energía y de mantener un clima social y de competencia aceptable en el marco de las políticas del gobierno y de las finanzas públicas, asume la ineficiencia de un sistema energético, en procura de iniciar el proceso de colocar al sector de la electricidad en una trayectoria sostenible a largo plazo.
La Estrategia Nacional de Desarrollo, en su eje estratégico, como objetivo general postula: “Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global”.
Por consiguiente, las políticas estatales deberán estar orientadas en ofrecer al sector eléctrico la mayor atención posible, que persiga el bienestar y progreso como bandera prioritaria en la adecuada obtención, desarrollo y uso sustentable de fuentes energéticas para todos sus ciudadanos.
