POR CARLOS SALCEDO
El fondo de ayuda social o de gestión provincial, llamado Barrilito, también denominado cofrecito, sigue tan campante como el whisky aquel. Si bien algunos legisladores, como el senador Antonio Taveras y el exsenador Eduardo Estrella, el exdiputado José Horacio Rodríguez y el diputado Pedro Martínez, estos últimos dos de Alianza país, en su momento, renunciaron a dicho fondo, Antonio Marte, actual senador repitente, llegó a decir, casi al inicio de su primera gestión como legislador, que todo aquel que no quiera el dinero del Barrilito que se lo de.
Me imagino la presión que tienen los diputados y senadores para resolver los problemas urgentes de salud, alimentación, mortuorios, educación y en todos los ámbitos de cada una de sus localidades. De hecho, a pesar del mal uso que en muchos casos legisladores les han dado a dichos recursos, cuestionándose incluso la pulcritud en su manejo, entiendo que hay congresistas que pueden dar cuenta del uso correcto de dichos recursos, lo que no justifica en modo alguno su mantenimiento, por la distorsión institucional que entraña, sin perjuicio de las imputaciones de uso antojadizo y desviado de estos.
Lo que no podemos negar es que dichas palabras son parte de nuestro vocabulario. Sin entrar en el uso político, para fines electorales de dichos fondos, lo que plantea desigualdades entre los legisladores en ejercicio, que aspiran a su reelección, y los que desean serlo, lo cierto es que, aún manejados con pulcritud, los legisladores, en su gran mayoría, desarrollan con dichos recursos una labor de asistencia e inversión social que corresponde, exclusivamente, a otro poder del Estado, que lo es el Poder Ejecutivo.
Con una asignación fija por cada legislador, desde 2006, solo con una interrupción de dos años en la Cámara de Diputados, durante la gestión en la presidencia de dicha cámara de Abel Martínez (2014-2016), los legisladores hacen un uso discrecional de esos recursos, lo que le quitó, en parte, la presión que tenían los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, al tiempo que le garantiza a cada legislador la estabilidad del ingreso para resolver sus problemas clientelares y hasta los sociales, en muchos casos.
De esto he escrito desde el nacimiento deforme de dicha criatura congresual y la primera pregunta que me he hecho es si el Congreso Nacional tiene, entre sus atribuciones, la de ejecutar programas sociales y resolver problemas que competen al Poder Ejecutivo.
