Santo Domingo.-El Ministerio de Justicia tendrá amplias atribuciones y asumirá funciones que actualmente ostentan el Poder Judicial dominicano y la Procuraduría General de la República, de convertirse en realidad el anteproyecto de ley que está en proceso de socialización con universidades, la sociedad civil e instituciones públicas.
Conforme con el artículo 7, acápite g de la iniciativa motorizada desde la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia tendrá, entre sus atribuciones coordinar la administración y certificación de los asuntos registrales asignados a su competencia, así como la articulación eficiente de los servicios de ciudadanía bajo su cargo.
La figura significa que sustituirá en esas funciones a la Dirección Nacional de Registro de Títulos, que por mandato del artículo 13 de la Ley 108-05, es el órgano dentro de la Jurisdicción Inmobiliaria encargado de coordinar, dirigir y regular el desenvolvimiento de las oficinas de Registro de Títulos, velar por el cumplimiento de esta ley en el ámbito de su competencia y por el cumplimiento del Reglamento General de Registros de Títulos.
La competencia y atribuciones se traducen en que el Ministerio de Justicia tendría el control y supervisión de los 25 registros de títulos que funcionan a nivel nacional, bajo la dependencia del Poder Judicial.
Los abogados, los notarios, intérpretes judiciales y alguaciles que están bajo control y fiscalización del Poder Judicial, pasarán a ser supervisados por el Ministerio de Justicia, según la propuesta.
El artículo 17 de la Ley del Notariado establece que el notario es un profesional del derecho, a quien la Suprema Corte de Justicia nombra, el Poder Ejecutivo otorga exequátur y el Colegio Dominicano de Notarios registra para ejercer la función legal y válidamente.
Para el ejercicio de la carrera, los abogados previamente deben prestar juramento ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, por mandato del artículo 73, párrafo 5 de la Ley 821-27 de Organización Judicial.
Mientras que la disposición 79 de esa norma plantea que los abogados están sometidos al poder disciplinario de los tribunales de primera instancia, de las cortes de apelación y de la Suprema Corte de Justicia.
Los alguaciles e intérpretes judiciales están bajo el nombramiento, competencia y fiscalización del Poder Judicial.
Pero el artículo 28 del anteproyecto de ley del Ministerio de Justicia delega funciones de esa naturaleza al Viceministerio de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía, que tendrá la Dirección de Registros y Certificaciones de Documentos Oficiales y Notariales, con la función de administrar los registros y expedir las certificaciones a su cargo.
La Dirección de Fiscalización de las Profesiones Jurídicas, con la función de tramitar los exequátur y certificaciones que correspondan a los profesionales jurídicos, tales como abogados, notarios, intérpretes judiciales, alguaciles y otras funciones complementarias, así como supervisar y fiscalizar el ejercicio de estas profesiones.
“Esta, a su vez, contará con el Departamento de Exequátur y Certificaciones de las Profesiones Jurídicas; y el Departamento de Fiscalización de los Profesionales Jurídicos”, reza el acápite b del artículo 29 del anteproyecto.
También tendrá a su cargo la Dirección de Servicios a Asociaciones Sin Fines de Lucro, con la función de administrar el registro de organizaciones sin fines de lucro, la Dirección de Solicitudes y Denuncias de la Ciudadanía, con la función de recibir, atender y despachar cualquier solicitud al respecto.
Otras prerrogativas que ostentaría el Ministerio de Justicia son formular, proseguir y evaluar los asuntos de gobierno relacionados al sistema de justicia; planificar y ejecutar la función administrativa del Estado relacionada al sistema de justicia; y regir las políticas públicas que tienen que desarrollar los organismos autónomos y descentralizados adscritos al Ministerio de Justicia, así como las funciones de coordinación y control de tutela correspondientes.
También coordinar con los distintos órganos del sistema de justicia su rango de actuación, la defensa del Estado y la Administración Pública en las sedes jurisdiccionales de su competencia, así como en foros arbitrales internacionales y nacionales.
De igual forma, coordinar el Sistema Nacional de Derechos Humanos, las políticas públicas del sector y la participación y representación del Estado en los sistemas internacionales de derechos humanos, así como regir y diseñar las políticas públicas de ejecución y seguimiento de los servicios penitenciarios y correccionales.
Su creación estará regida para el despacho de los asuntos de gobierno relacionados al sistema de justicia, configurándose como órgano de planificación, dirección, coordinación y ejecución de la función administrativa del Estado relacionada al sector justicia.
